Elena Máñez expone las medidas a favor de las personas trabajadoras autónomas ante la crisis de la COVID-19

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias se reúne con las principales asociaciones del colectivo profesional en el Archipiélago

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, expuso este martes al secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de España, Eduardo Abad, y al coordinador del colectivo en Canarias, César García, el conjunto de medidas del Ejecutivo autonómico para impulsar la actividad empresarial de este colectivo en el escenario de la emergencia sanitaria de la COVID-19. Las iniciativas se incluyen tanto en la estrategia de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y profesionales por cuenta propia que elabora el departamento dirigido por Máñez como en el Pacto para la Reactivación Social y Económica impulsado por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y que, afirmó la consejera, ponen de manifiesto que “este Gobierno no va a dejar caer a las personas trabajadoras autónomas”.

Con la participación de los viceconsejeros de Empleo, Gustavo Santana; y Economía e Internacionalización, Almudena Estévez; junto al director general de Promoción Económica, Laureano Pérez, y la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), Dunnia Rodríguez, la reunión telemática completa la ronda mantenida con el colectivo en el Archipiélago tras el encuentro celebrado a principios de mayo con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Canarias, Juan Carlos Arricivita.

La consejera señaló que la ayuda adicional del 30% de la base mínima de cotización para los autónomos y autónomas que han cesado su actividad debido a la declaración del estado de alarma, cuyo plazo de solicitudes se abrió el 6 de mayo, “es la primera de estas medidas que se pone en marcha” y explicó que está orientada a “dar garantías durante la crisis a las personas de este colectivo con más dificultades, que son aquellas que han cesado completamente su actividad”.

Así, explicó que “esta primera ayuda vendrá seguida de otras medidas”, relativas a asesoramiento y formación, como la creación de un gabinete de información en el SCE para pymes y personas autónomas; mantenimiento del empleo, como la citada prestación adicional del 30% o incentivos a la contratación; apoyo a la actividad empresarial, con ayudas extraordinarias para la compensación de gastos corrientes fijos, entre ellos la cuota a la Seguridad Social; y medidas de liquidez para pymes y personas trabajadoras autónomas, con una línea de apoyo a la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Canarias para mejorar la financiación de los autónomos y autónomas de las Islas, así como instrumentos financieros en la forma de préstamos para la creación y desarrollo de pymes innovadoras, I+D+i y ahorro, eficiencia energética y renovables.

De hecho, algunas de ellas ya forman parte del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, junto a otras destinadas al aplazamiento tributario, a potenciar la participación de los autónomos y autónomas de las Islas en las líneas de financiación abiertas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) o por el Banco Europeo de Inversiones, así como la puesta en marcha de mecanismos propios de financiación con instrumentos autonómicos, en especial a través de Aval Canarias. Algo que demuestra, a juicio de Máñez, “el compromiso incondicional del Gobierno autonómico con las personas trabajadoras autónomas del Archipiélago”.

También se informó a ATA y UPTA del aumento hasta casi un millón de euros en 2020 de las subvenciones del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel) para la contratación de personal técnico en prevención de riesgos en el trabajo por parte de las patronales sectoriales, organizaciones sindicales y asociaciones de personas trabajadoras autónomas del Archipiélago como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

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