Artículo de opinión, Jonás González: La curva social

El enorme esfuerzo del personal sanitario, la determinación de las distintas administraciones públicas para frenar los contagios y la actitud ejemplar de la ciudadanía están contribuyendo a que veamos el presente y el futuro con un poquito más de esperanza. La curva de contagios se aplana, la de fallecimientos cae y la de altas crece. Como no soy experto en la materia, no voy a opinar sobre esto, y solo me queda desear que continúe esta tendencia.

Quiero hablarles de otra curva: la curva social; la curva de personas que, con los efectos del COVID-19, van a tener dificultades para llegar a fin de mes, para pagar su hipoteca o su alquiler, para tener una alimentación adecuada para sus hijos y sus hijas para salir y comprar medicamentos o para afrontar cualquier imprevisto. Nos preocupan las personas que dejaron de ingresar sus 200 o 300 euros limpiando casas, lavando coches o cuidando a menores, las que se mantienen con un ERTE pero que dentro de unos meses quizá no estén cubiertas con esa protección, las autónomas que no puedan aguantar mucho tiempo sin ingresos y sin red de protección, las pensionistas que van a utilizar lo que perciben para apoyar económicamente a sus familias…

Cuando empezó la crisis sanitaria del COVID-19, la curva de contagios partió de cero; pero, cuando comenzaron los efectos económicos, la curva social ya era alta, con aproximadamente 38.000 hogares sin ingresos en Canarias. Por eso, mientras seguimos manteniendo todos los esfuerzos en la contención de la pandemia, toca hacer también todo lo posible para atajar sus consecuencias sociales.

La labor que se ha de desarrollar en los próximos meses en el ámbito social requerirá de acciones de similar envergadura, presupuesto, excepcionalidad y carácter innovador que las actuaciones sanitarias. Precisará, a su vez, de un gran acuerdo político en Canarias que sume a todas las formaciones políticas, a las distintas administraciones, a sindicatos, entidades del tercer sector y empresas con el fin de articular medidas sociales ambiciosas que permitan a la gente vivir con dignidad. De la misma forma que se está trabajando en una reedición de los pactos de la Moncloa a escala estatal, toca poner en marcha acciones análogas en el ámbito de nuestra comunidad autónoma.

¿A que es impensable que, en Canarias, una persona con síntomas del COVID-19 no tuviera acceso a la sanidad? ¿A que es impensable que, si hubiera un pico de hospitalizaciones y estuvieran las urgencias y UCI llenas, no se buscaran espacios alternativos para cubrir la demanda? Sin duda lo es, y lo celebramos, pero de la misma forma tendría que ser impensable que, en nuestro archipiélago, una familia no tenga para comer y esté semanas esperando por una ayuda que, además, solo cubre sus necesidades por un periodo muy limitado; que mucha gente siga durmiendo en la calle porque no tiene acceso a una vivienda; que colectivos enteros que vivían al día—como los que ejercían la venta ambulante o la prostitución— hoy no tengan nada que echarse a la boca; que haya personas sin acceso al sistema de ayudas por encontrarse en situación irregular; que muchas familias no duerman por la incertidumbre que les genera no saber si van a poder pagar su vivienda en los próximos meses…
Por eso, es el tiempo de las administraciones públicas canarias. La ciudadanía de las Islas ha dado un ejemplo enorme estas semanas reconociendo todas las tardes mediante un aplauso la labor del personal sanitario, llevando compras y medicamentos a personas mayores solas, organizando redes de cuidados para llevar comida a familias donde no llegaban las instituciones, acogiendo a personas en su casa, etc. Ahora, las administraciones tenemos que estar a la altura. Debemos ser la red que impida que alguien pueda caer.

La primera medida para aplanar la curva social y lograr que descienda es la puesta en marcha de manera urgente de un ingreso mínimo de emergencia que dé tranquilidad a esas decenas de miles de hogares canarios sin recursos. Tenemos que asegurarles un ingreso rápido y estable que les garantice por lo menos la alimentación, la vivienda, la luz, el agua y el resto de suministros básicos, y que mejore su día a día.

Si para frenar la curva sanitaria se han adoptado medidas extraordinarias necesarias, como el confinamiento, el cierre de colegios o el despliegue del ejército en las calles, no se entendería que al ingreso mínimo de emergencia se le plantearan obstáculos propios de un periodo de normalidad. Debe estar disponible cuanto antes y con fondos suficientes. Hay familias que llevan ya un mes sin ingresar un solo euro. Esos hogares no pueden esperar ni un día más.

Nos quedan meses duros para lograr que la curva que mide las consecuencias sociales de la crisis sanitaria descienda. Esta labor no es exclusiva de la Consejería de Derechos Sociales, sino que abarca al conjunto del Gobierno, al resto de administraciones, a todas las formaciones políticas y a organizaciones sindicales, empresariales y del tercer sector, por tanto, solo nos queda desearnos lo que el líder de la oposición portuguesa deseó al presidente del país: coraje, nervios de acero y mucha suerte. Y es que de nuestra suerte dependerá la de miles de canarios y canarias.

Jonás González
Director general de Derechos Sociales e Inmigración

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