El Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife expresa su rechazo a las medidas propuestas por el Consejo General del Poder Judicial

Dichas medidas, a implementar en los juzgados y tribunales en el momento en el que se levante el estado de alarma, son a juicio de la institución colegial una modificación encubierta de la legislación procesal, con claro recorte y merma de los derechos fundamentales de los ciudadanos-

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife expresa su más contundente rechazo a las medidas propuestas por el Consejo General del Poder Judicial para implementar en los juzgados y tribunales en el momento en el que se levante el estado de alarma.

Resultan inaceptables las medidas que se proponen por el CGPJ por cuanto que suponen una modificación encubierta de la legislación procesal, con claro recorte y merma de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente de la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías. Igualmente resulta inaceptable que se proponga la declaración del mes de agosto como hábil a efectos procesales mientras se pide que se respete escrupulosamente el derecho a las vacaciones de los miembros del poder judicial.

De esta forma el CGPJ se olvida por completo del derecho a las vacaciones del resto de los intervinientes en las actuaciones y procedimientos judiciales, especialmente de abogados y procuradores, pero también de funcionarios policiales, peritos, testigos, etc., muchos de los cuales tienen que compatibilizar su periodo vacacional con el de sus hijos en edad escolar.

En este sentido, por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife se manifiesta el apoyo a las propuestas elaboradas por el Consejo General de la Abogacía Española para ese momento de reiniciarse la actividad judicial, que sería llevada a efecto por fases, conforme se vayan levantando las distintas medidas de confinamiento y recuperación de actividad, pero respetando en todo caso los derechos y garantías de los ciudadanos y, especialmente, su derecho a una defensa en condiciones y con todas las garantías.

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